La Legislatura neuquina ha dado un paso pionero en el país al aprobar una ley que regula el uso de teléfonos celulares en las aulas, una medida que busca mejorar la calidad educativa y proteger la salud mental de los estudiantes. Esta iniciativa, propuesta por la diputada Gisselle Stillger del bloque Arriba Neuquén, fue aprobada por una amplia mayoría. La ley prohíbe el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, durante la jornada escolar en los niveles inicial y primario, salvo en casos excepcionales autorizados por la dirección.
Según la normativa, en los niveles inicial y primario, los estudiantes no podrán utilizar sus teléfonos durante el horario escolar, a menos que exista una autorización especial con fines pedagógicos. Esta autorización debe estar respaldada por un proyecto didáctico aprobado que detalla objetivos, duración y estrategias de evaluación. En el nivel secundario, el uso de celulares estará permitido únicamente cuando el docente lo disponga con fines pedagógicos y siempre que haya una justificación curricular o didáctica. En todos los demás casos, los dispositivos deben estar apagados y fuera de la vista.
Además de la regulación de celulares, la Legislatura aprobó una ley contra la violencia hacia los docentes, una iniciativa respaldada por el gremio ATEN. Esta normativa busca establecer un entorno educativo seguro mediante protocolos de actuación y dispositivos de seguridad en las escuelas. La ley también promueve la formación en resolución pacífica de conflictos y derechos laborales, así como jornadas institucionales para fortalecer la convivencia escolar y los lazos comunicativos entre escuelas y comunidad.
Para prevenir la violencia en el ámbito educativo, la normativa establece la creación de una comisión interinstitucional integrada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y gremios docentes reconocidos. Esta comisión tendrá un rol consultivo y deberá proponer políticas públicas y estrategias de prevención. También se prevén sanciones para quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la educación, incluyendo multas, trabajo comunitario o arresto.
La ley estipula que las personas que cometan actos de violencia contra docentes pueden enfrentar multas, trabajo comunitario o arresto. Además, si el agresor es un agente público, podría enfrentar sanciones adicionales como suspensión sin sueldo, cesantía en casos graves, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta cinco años. Estas medidas subrayan el compromiso de la provincia con la seguridad y el respeto en el entorno educativo, asegurando que tanto estudiantes como docentes puedan desarrollarse en un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.
