La rectora de la Universidad Nacional del Comahue ha señalado que el creciente autoritarismo en el contexto actual no solo pone en riesgo la democracia, sino que también se ve alimentado por la fragilidad económica del país. La situación de desfinanciamiento que atraviesan las instituciones educativas y otros sectores esenciales es un reflejo de esta inestabilidad. Pactar con el autoritarismo, en este contexto, puede parecer una solución fácil, pero en realidad perpetúa un ciclo de debilidad institucional y dependencia.
Desde esta perspectiva, la rectora enfatiza que la democracia se nutre de un entorno económico robusto que permita el desarrollo de políticas públicas efectivas. La falta de recursos afecta directamente la calidad de la educación y la capacidad de las instituciones para cumplir con su misión de formar ciudadanos críticos y comprometidos. Cuando se prioriza el autoritarismo sobre la inversión en educación y bienestar social, se corre el riesgo de sacrificar los valores democráticos en favor de un control centralizado.
La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios tienden a consolidarse en tiempos de crisis económica, utilizando la desesperación de la población para justificar medidas represivas. La rectora advierte que aceptar cualquier forma de autoritarismo puede llevar a una mayor desestabilización, en la que se desmantelan las instituciones democráticas, dejando a la ciudadanía sin voz ni poder de decisión. Este proceso es especialmente peligroso en un contexto de fragilidad económica, donde la falta de recursos puede ser explotada para justificar el control y la represión.
Además, es fundamental que los líderes políticos actúen con responsabilidad y rechacen cualquier tipo de colaboración con el autoritarismo. La legitimidad de un gobierno se basa en su capacidad para representar los intereses de su pueblo y garantizar el respeto por los derechos fundamentales. La rectora subraya que pactar con el autoritarismo no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también compromete el futuro democrático del país en un momento en que se necesita más que nunca un enfoque inclusivo y participativo.
En conclusión, la rectora hace un llamado a la sociedad para que defienda los valores democráticos y rechace cualquier pacto con el autoritarismo, advirtiendo que la fragilidad económica no debe ser una excusa para renunciar a la democracia. La lucha por la democracia y el fortalecimiento institucional es un esfuerzo constante que requiere la participación activa de todos. Solo así se podrá construir un futuro donde la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos sean pilares fundamentales de la convivencia en sociedad.
