
El gobierno provincial de Neuquén ha promulgado la ley N° 3520, que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos móviles en todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada. La ley, firmada bajo el decreto 2025-809, establece que en los niveles Inicial y Primario, el uso de estos dispositivos está prohibido durante la jornada escolar, con excepciones autorizadas por la dirección. Para el nivel secundario, la normativa establece criterios específicos para su uso pedagógico.
Esta nueva regulación complementa medidas ya implementadas por la cartera educativa, como el bloqueo a redes sociales y aplicaciones no educativas dentro de las instituciones, vigente desde abril. Además, se han desarrollado capacitaciones para docentes relacionadas con el uso responsable de la tecnología y el manejo de trastornos asociados a su uso en el ámbito escolar, reforzando el enfoque educativo de la iniciativa.
La ley refuerza los pactos institucionales existentes, permitiendo a cada comunidad educativa definir cómo implementar las acciones relativas al uso de tecnología, acorde con sus proyectos educativos. Para el nivel primario, las excepciones al uso de dispositivos deben ser justificadas pedagógicamente, aprobadas por el equipo directivo, y contar con el consentimiento de las familias. En el nivel secundario, el uso será permitido solo cuando el docente lo disponga con justificación curricular.
Cada establecimiento deberá crear reglamentos internos participativos que detallen la implementación de la ley, de acuerdo a los lineamientos generales y disposiciones del Ministerio de Educación. Estos acuerdos escolares de convivencia asegurarán el cumplimiento de la normativa, garantizando un uso seguro y pedagógico de la tecnología en el entorno escolar.
La autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación, se encargará de diseñar e implementar campañas de sensibilización sobre ciudadanía digital, dirigidas a docentes, estudiantes y familias. Estas campañas promoverán el uso seguro y responsable de tecnologías digitales, abarcando temas como la prevención del ciberacoso y la protección de datos. Además, se realizarán evaluaciones periódicas cada dos años para analizar el impacto de la ley en la comunidad educativa y ajustar las políticas conforme a los resultados obtenidos.